testimonio sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad hoy 4 de agosto
delante del Ministerio del Interior en Madrid. Lo hago desde mi condición de defensora
de los derechos humanos cuyo ejercicio he buscado honrar en diferentes lugares del
planeta. Lo ocurrido esta noche es un escándalo. Se ha tratado de un operativo de
castigo contra manifestantes pacíficos e indefensos en el marco de una movilización
ciudadana que viene recorriendo las calles de Madrid tras la ocupación policial de la
Puerta del Sol con el impedimento de la libre circulación de las personas. Cabe anotar
que desde la ocupación policial de la Puerta del Sol se venían requiriendo documentos
de identidad selectivamente a jóvenes que respondieran al perfil que las fuerzas de
seguridad se han hecho de "los indignados". Ello lo pude constatar presencialmente.
Tras observar dicha práctica policial (deformación que tengo de investigadora de abusos
de derechos humanos), pedí a los policías en uno de los casos que pude observar
directamente que me respondieran por qué a dicho joven y no a otras personas les
requerían documentos, a lo que respondieron con malas formas, exigiéndome
finalmente a mí identificarme, además de advertirme de que mi pregunta era un delito.
Uno de los policías ensayó como explicación que a algunos ya los tenían en la mira por
haber participado en las marchas. Con toda la prudencia debida expresé que el ejercicio
de un derecho constitucional no es un delito. Con la mayor paciencia del mundo procuré
informarles que lo que pretendía era que no cometieran las Fuerzas de Seguridad un
delito. Mi rol era de colaborar con el respeto al Estado de Derecho. Al parecer un
mando recuperó la cordura y aunque nos obligó a todos a marcharnos, frenó la
agresividad de sus subordinados. El día de hoy al medio día, estuve nuevamente en la
Puerta del Sol y pude conversar con algunos policías. Observé su enorme
desconocimiento de los derechos constitucionales y me ofrecí a aclararles algunos
puntos. Alegaban que la constitución española debía sujetarse a no sé qué leyes (con
rimbombancia decían que eran orgánicas) además de otras disposiciones de la
administración. Respondí en el lenguaje más pedagógico posible que era al revés. Anoté
que no estaban obligados a acatar órdenes ilegales. Aunque sus rostros expresaban
desconcierto ante mis palabras, ensayaron las respuestas más insólitas como que el
movimiento de los indignados era de izquierda radical. Desde luego, desconozco como
función de la policía calificar y perseguir las ideas, sin embargo al parecer algunos
policías no lo ven claro. Esta noche pude constatar qué tan lejos pueden llegar algunos
policías cuando reciben órdenes de cargar contra manifestantes pacíficos. En la marcha
que se detuvo ante el Ministerio del Interior había además de jóvenes, un número
apreciable de personas mayores y personas con niños. Acompaño dichas marchas no
solo por convicciones personales respecto de su legitimidad, sino por carácter pacífico,
en donde además puedo encontrar a muchos de mis alumnos universitarios a los que
enseño las normas y mecanismos de los derechos humanos y de los que he aprendido
enormemente. He tenido el privilegio de acompañar a esta generación de excepción que
ha cristalizado un movimiento como el 15M. Nada más ilusionante para mí que
acompañar a jóvenes que se movilizan con medios legítimos para hacer los derechos
humanos realidad. Nada me hacía presagiar que la policía cargaría haciendo uso de la fuerza en forma totalmente desproporcionada. Pese a que los manifestantes coreaban
como forma de protección y autocontención colectiva "No a la Violencia" con las
manos alzadas al cielo, al parecer la suerte ya estaba echada por parte de las Fuerzas de
Seguridad. Al encontrarme en primera línea frente al despliegue policial procuré
hacerles razonar con serenidad de que no emplearan la violencia. Les hice saber que
habían niños pequeños y personas mayores, incluidas personas discapacitadas. Fue
inútil, las palabras no funcionaban. Me dejaron parada hablando ante sus furgonetas
mientras aporreaban de manera indiscriminada a todos los manifestantes. Portaban
armas para disparar proyectiles de goma. A los que corrían los perseguían hasta
alcanzarlos para darles palizas en el suelo. Impedían que los sanitarios atendieran a los
heridos. Las cargas se sucedieron para crear terror. Un grupo residual que
permanecimos próximos a la estación de Metro de Colón, vimos y sufrimos con
impotencia una última carga con nuevas personas aporreadas y heridas. Si el
descomunal despliegue de policías ya revestía manifiesta desproporción, la violencia
ejercida contra los manifestantes solo puede ser calificada como una operación de
castigo contra personas indefensas por el solo hecho de manifestarse. Quisiera creer que
esto no está sucediendo en España pero me ha tocado ser testigo presencial y no puedo
permanecer callada. Confío en que la sociedad española exija las responsabilidades que
correspondan. Quien no quiera enterarse de estos hechos, los pretenda negar o encubrir
falseando lo sucedido debe tener presente que en su opción está su penitencia. El abuso
contra los derechos humanos de una sola persona es una amenaza contra todos. Las
campanas doblan y no parece ser que lo hacen por la próxima visita.
Giulia Tamayo
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